Por Rosa Santana
El Congreso local tipificó la porno-venganza como delito penal, por lo que a partir del 1 de agosto próximo, quien divulgue o amenace con difundir imágenes eróticas, sexuales o pornográficas obtenidas ya sea con o sin el consentimiento de otra persona, será castigado con cárcel.
En su sesión de hoy, el pleno legislativo aprobó por unanimidad las reformas al Código Penal local para incluir la porno-venganza en el catálogo de tipos de delitos, y aunque presumieron que esta medida sentaría un precedente en el país, una iniciativa similar fue aprobada hoy también en el vecino estado de Campeche.
Al respecto, la diputada priista Celia Rivas Rodríguez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, aclaró que “no se está sancionando la conducta de tomarse fotos entre parejas, que se conoce como sexting; se está penalizando que, sin permiso de una de las partes, esas imágenes, vídeos o sonidos sean compartidos, incluida la amenaza de ejecutar esta mala práctica”.
También añadió que se estableció “un plazo considerable para difundir el tema”.
De acuerdo con las reformas aprobadas, se sancionará con penas de uno a cinco años de prisión a quien revele, publique, difunda o exhiba contenido erótico, sexual o pornográfico obtenido con o sin el consentimiento de otra persona, a través de mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio.
Además, se penalizará desde seis meses a cuatro años de prisión a quien coaccione, hostigue o exija a otra persona, con la amenaza de revelar, publicar, difundir o exhibir sin su consentimiento contenido erótico que previamente le haya sido proporcionado y, en caso de ser menores de edad, los afectados, la pena aumentará hasta en una mitad.
En la sesión estuvo presente Ana Baquedano Celorio, activista de la defensa de las víctimas de este delito y testigo vivo de las consecuencias del sexting y la porno-venganza, quien llegó al Congreso acompañada de jóvenes voluntarios del programa Escudo Yucatán.
En su oportunidad, el diputado panista Moisés Rodríguez Briceño indicó que, a propuesta de su fracción parlamentaria, después de escuchar las voces de los expertos y representantes de la sociedad, se impulsaron varios cambios para que “estas reformas eviten el daño moral, psicológico y hasta físico que se puede ocasionar en las víctimas, como una acción a favor de la salud pública y la sana convivencia”.
A su vez, la diputada Cindy Santos Ramayo, del Panal, comentó que este dictamen sería “un parteaguas en México, gracias al trabajo conjunto y voluntario que permitirá a las víctimas el acceso a la justicia y marca un mensaje claro a los agresores: cualquier persona en este estado que amenace, coaccione, extorsione o vulnere la intimidad de otra, la conozca o no, no será justificado y tendrá una pena”.
En tanto, el panista Raúl Paz Alonzo consideró que la actual Legislatura tenía “la obligación jurídica, pero también la moral, de legislar este tema trascendental, que hace historia en Yucatán y será copiado por otras entidades del país y nos debemos sentir orgullosos por romper hoy esos paradigmas, se acabó la porno-venganza en Yucatán”.
Su correligionario Manuel Díaz Suárez destacó que, con esta acción, la Legislatura “no sólo se caracteriza por ser productiva, sino que coloca a Yucatán a la vanguardia en materia legislativa; somos una tierra de valores, enfocados a la integridad humana, esta reforma refuerza la seguridad, integridad y los valores de los yucatecos”.
En la misma sesión, el Congreso aprobó también la donación de tres bienes inmuebles del patrimonio estatal localizados, uno en Ucú y dos en Mérida, a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para impulsar desarrollos educativos para Yucatán.